El pasado 22 de noviembre tuvo lugar una acampada en la puerta del Parlamento andaluz de Sevilla contra la aprobación de la reforma de la Ley Andaluza de Universidades (LAU).
Alrededor de veinte personas establecieron su propio campamento frente a dicho lugar, con tiendas de campaña, sacos de dormir, donde pasaron la noche sin hechos que destacar. Al día siguiente se reunieron en una concentración programada para las 13h. del mediodía. Apoyados por colectivos como UGT o CC.OO., integrantes del CADUS y algunos más que quisieron sumarse a la protesta; con ellos estaban también profesores del llamado colectivo 302, que alzaban también la voz por reclamar sus derechos. Con lemas como “Por una universidad pública y de calidad” o “Nuestro futuro no se vende, se defiende”, estos grupos se concentraron en mitad de la calle, frente a la entrada por donde acceden los principales dirigentes. No obstante, poco antes de las 15h., los grupos conformados por UGT y CC.OO. abandonaron la concentración ya que ésta era legal hasta dicha hora. Las autoridades informaron al grupo de estudiantes de que serían perseguidos, detenidos y sancionados si ocupaban parte de la vía pública y tras una breve asamblea decisiva, los jóvenes quisieron seguir allí. La protesta se prolongó hasta alrededor de las 20h.
La asamblea convocada para la reforma de la LAU, entre otras cuestiones, daría comienzo a las 16h., pero el real debate para la ya mencionada ley no comenzó hasta pasadas las 18:30h. En dicha reunión se encontraban representantes de los distintos partidos políticos, tales como PSOE, PP o IU, único partidario de frenar la reforma de la Ley Andaluza de Universidades.
¿Qué es la LAU?
La LAU es la Ley Andaluza de Universidades que afecta directamente a los distintos colectivos universitarios y sobre la cual se elaboró un texto como reforma de ésta. El nuevo documento “entró” en el Parlamento sin previo debate y siendo desconocido por la comunidad universitaria.
Algunos de los puntos claves de esta ley afectan a los trabajadores de las universidades, viéndose modificados así sus contratos, la duración de estos, las retribuciones y las plantillas, que se plantean ser reformadas sin una anterior negociación. Además, están previstos serios cambios dentro del Consejo Social donde las funciones pueden llegar a decidirse “a dedo” y teniendo una jerarquía dificultosa. El principal núcleo de la cuestión está en la ausencia de previo aviso, debate y consenso de la reforma de dicha ley, no contando así con la opinión de los principales afectados.
Ambas leyes son las que más preocupan a la comunidad universitaria, ya que se verán seriamente afectados ya no sólo en cuestiones académicas, sino también en cuestiones laborales, puesto que hasta los treinta años no dejarían de cobrar un sueldo de becario. Los jóvenes se encuentran actualmente en una lucha continua en la que reclaman sus derechos, y mantienen en jaque a las distintas organizaciones gubernamentales que se atrevan a dar un paso frente a ellos. A pesar de ello, los distintos colectivos protestantes no quieren que el pueblo permanezca pasivo, es decir, quieren que ellos también colaboren en las distintas revueltas aunque no se vean directamente afectados; pero quizá sus hijos o nietos sí sufran estas drásticas medidas de manera directa.Otro aspecto importante a destacar es la ley prevista para 2015, en la que priman la subida de las tasas universitarias (la tercera matrícula pasaría de costar 1.000€ a costar unos 3.000€) y la modificación de las becas, donde el Estado se lo pensaría dos veces antes de decidir a quién concederle una beca. Esta futura implantación ha sido motivo de manifestaciones como la del 17N, llevada a cabo para protestar por las serias medidas que pretende implantar esta ley, y la pérdida de derechos que supondría su establecimiento.
¿Protestas como un ciudadano o callas como un súbdito?
